Tribunales electorales, instituciones que garantizan procesos democráticos en AL

Asegura el Dr. Raúl Ávila Ortiz, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar la conferencia “Enseñanzas y Opciones Institucionales de la Justicia Electoral en México y en América Latina”

A lo largo de los más recientes 40 años, los 18 países de la región latinoamericana México, Republica Dominicana, los 6 de Centroamérica y los 10 de Sudamérica transitaron de sistemas políticos dictatoriales o autoritarios a otros democráticos o más democráticos por ejemplo, Colombia o Costa Rica, señaló el Dr. Raúl Ávila Ortiz, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar la conferencia “Enseñanzas y Opciones Institucionales de la Justicia Electoral en México y en América Latina”.

Al participar por parte de la Universidad de Quintana Roo como ponente en XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Coaliciones Electorales en América Latina, que se efectuó en la primera quincena de octubre y que fue organizada por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C. (SOMEE), Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la UQRoo, y el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, Delegación Quintana Roo (INESAP-QRoo).

El Dr. Ávila Ortiz refirió que una de las características de ese cambio dictatorial a democrático ha sido posible a través de sendas constituciones nuevas o muy renovadas que reinstituyeron las elecciones pluralistas como método para acceder al poder y, en particular, sistemas de resolución de conflictos electorales basados en tribunales y procedimientos judiciales.

Entre los principales aprendizajes de estas experiencias democratizadoras se cuenta que el sistema judicializado de solución de los conflictos electorales ha probado ser la más preferida en la región.

Así, la mayoría de las democracias latinoamericanas, con todas sus fortalezas y debilidades, mantienen a un tribunal, corte o sala, dentro o fuera del poder judicial, como el organismo que pronuncia la última y definitiva palabra al decidir quién tiene la razón y en qué sentido cuando se presentan controversias electorales, ya sobre los resultados o los procedimientos para llegar a ellos.

En México, dado su propio contexto histórico, en dos tribunales constitucionales se deciden disputas relacionadas con el tema electoral, uno es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual atiende y resuelve las acciones de inconstitucionalidad o la validez de las normas generales de tipo legislativo en la materia.

Otro, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual atiende y resuelve asuntos en los que se cuestiona la validez legal o constitucional de los actos o resoluciones de las autoridades electorales de todo el país para cualquier tipo de elección o procedimiento que involucre el ejercicio del sufragio ciudadano.

En todos los países democráticos del subcontinente, salvo aquellos en los que un poder ejecutivo desproporcionado ha limitado y sometido al organismo u órganos encargados de impartir justicia electoral, por fortuna solo dos o tres casos, el modelo judicializado sigue conservando plena salud y esa es una buena noticia.

Otros aprendizajes de este período tienen que ver con la corresponsabilidad de los actores políticos, el liderazgo institucional o las dificultades para absorber dentro del sistema político y estabilizar a los nuevos movimientos sociales o partidos que irrumpen en la escena.

Las tendencias más visibles son, precisamente, a incorporar en el sistema de organización de elecciones y resolución de sus conflictos mecanismos más flexibles que permitan gestionar mejor el ejercicio de los derechos políticos y otorgar respuestas eficaces a sus beneficiarios.

Así, por ejemplo, se observa que se propone la aplicación de medios alternativos de solución de conflictos a la operación de la justicia electoral, o bien, el uso de medios digitales y formas más abiertas de interacción jurídica y comunicativa entre los tribunales, ciudadanos, partidos y sociedad.

La democracia pluralista es un régimen jurídico y un sistema político con instituciones que suelen ser imperfectas, salvo que son mejores que cualquiera otras porque protegen la libertad y la dignidad de las personas y ciudadanos mediante el acto supremo de elegir gobernantes, evaluarlos y reelegirlos por una vez o retirarles la confianza mediante la revocación del mandato o no votando de nuevo por ellos.

Este tipo de sistema jurídico y político descansa también en métodos de justicia electoral que asegura que las elecciones sean en efecto libres, auténticas y periódicas.

En la medida en que practiquemos más la democracia en todas las esferas de la vida, pública o privada, garantizaremos que esta se convierta en el único juego posible en la casa que es de todas y todos, y que es este gran país llamado México.

 

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Chetumal, Quintana Roo